Fuerte rechazo a bajar la edad de imputabilidad y piden enfocarse en las causas reales del delito
Mientras la Cámara de Diputados debate un proyecto para bajar la edad en que un joven de 14 años puede ser juzgado como adulto, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación de la Defensa Pública (ADEPRA) difundieron un comunicado en el que se oponen a la medida.
Desde estas instituciones advierten que poner el foco en bajar la edad de imputabilidad simplifica un problema mucho más complejo. Para ellos, no se trata solo de castigar, sino de entender por qué muchos jóvenes se involucran en delitos: falta de oportunidades, problemas de consumo, ausencia de contención social y educativa, entre otros factores.
Lo que dicen los defensores:
• Señalan que la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes son robos o hurtos, y que la participación de menores de 16 años en delitos graves es muy baja.
• También recuerdan que el cerebro de niñas, niños y adolescentes aún está en desarrollo y no funciona igual que el de un adulto, lo que —según estudios científicos y criterios internacionales— requiere un trato diferenciado.
• Argumentan que cerrar a los chicos en lugares de encierro suele empeorar su situación, porque favorece la violencia y la exclusión social.
Para poner en contexto la discusión sobre inseguridad y delito, estas son algunas tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en países de la región:
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Argentina: alrededor de 3.7–4.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.
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Paraguay: alrededor de 6.2–7.0 homicidios por 100.000.
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Uruguay: cerca de 11–11.2 homicidios por 100.000.
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Brasil: alrededor de 18–20+ homicidios por 100.000.
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México: tasas rondan los 20–23+ homicidios por 100.000.
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En varios países de la región, las tasas son aún más altas (por ejemplo, en Ecuador o Honduras), donde superan los 25 homicidios por 100.000.
En general, América Latina tiene algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, pero dentro de ese contexto Argentina se ubica relativamente baja.
Lo que piden al Congreso
Los defensores solicitaron que el proyecto no se apruebe sin un debate más amplio, con expertos y quienes trabajan día a día con jóvenes. Señalan que no existe una “urgencia” que justifique tratar el tema de manera apresurada y que se deberían considerar otras propuestas vinculadas a prevención, educación, salud y acompañamiento social.
En palabras de Mirta Lapad, Asesora General de Incapaces de Salta, “centrar la discusión en bajar la edad es reducir el debate”. Para ella, no se trata solo de aplicar penas más duras, sino de comprender y atender las causas que empujan a muchos jóvenes a situaciones conflictivas, lo que —afirman— podría contribuir más a reducir delitos si se atacan de raíz.
