Piden juicio oral para el empresario Marcos Levín (ex dueño de La Veloz del Norte) acusado de torturas contra 17 trabajadores

Marcos Jacobo Levín, exdueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte; José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta de Salta y Enrique Víctor Cardozo, ex oficial en la misma dependencia, fueron acusados por el fiscal general Carlos Martín Amad, titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien solicitó que sean juzgados en un debate oral y público por crímenes de lesa humanidad.

El fiscal formalizó la petición ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Julio Bavio, quien ahora deberá expedirse respecto al pedido que llevaría al empresario a un segundo juicio por este tipo de crímenes. En el primero, fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de un empleado.

Amad acusó a Levín como instigador, a Grueso como partícipe y a Almirón y Cardozo como autores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, y por su duración de más de un mes en el caso específico de un detenido (delegado gremial), en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, hechos cometidos en perjuicio de 17 empleados.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos imputados fueron cometidos en el marco de los «procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán», cuando efectivos de la exComisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.

Las detenciones se concretaron en momentos en que prestaban servicio para la empresa, en los domicilios particulares, o bien, se efectivizaron en la comisaría, adonde habían sido previamente citados. Ello se desencadenó a partir de una denuncia formalizada por Levín en la misma comisaría, que fue asimismo un centro de detención clandestino.

La fiscalía sostuvo que la prueba fundamental de la participación de Levín en calidad de instigador provino de las víctimas, quienes en sus testimonios dieron cuenta de la presencia personal del empresario a toda hora en la comisaría Cuarta y en la sala de torturas.

En esa denuncia, el empresario acusó a sus empleados de participar en una supuesta defraudación a la empresa, que nunca quedó acreditada judicialmente. Durante los operativos de detención, intervino personal policial uniformado y de civil, y se utilizaron tanto vehículos policiales no identificados como rodados provistos por la empresa.

En los testimonios se indica que Cardozo, bajo la supervisión de Almirón y Levín, procedió a torturar a los empleados, para lo cual previamente les vendaron los ojos, fueron maniatados y, en algunos casos, los desnudaron.

Los policías encendieron una radio a alto volumen y un motor con el propósito de ocultar los gritos de las personas torturadas, a las que sometieron a golpes, torcimiento de sus miembros, uso de picanas eléctricas -en particular en las partes sensibles-, mientras les proferían distintos tipos de amenazas.

Durante estas sesiones de torturas las víctimas fueron tildadas de «subversivas», y se las sometió a extensos interrogatorios sobre las actividades sindicales y sobre la persona del delegado gremial.

Como corolario, fueron obligadas a firmar declaraciones cuyo contenido no se les permitió leer, en las que se auto incriminaron o incriminaron a otras víctimas y reconoceron los ilícitos que Levín había denunciado.