Ratifican actuaciones de fiscales norteñas por un terraplen en el río Blanco y desmontes clandestinos
El Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, se notificó la última semana de dos fallos de las Salas Segunda y Cuarta de la Cámara Civil donde había sostenido las actuaciones de las Fiscales Rosa Graciela Vélez Román y Marcela de los Ángeles Fernández.
El primer caso corresponde al trámite del juicio por un desmonte clandestino de alrededor de 11 mil hectáreas realizado por los señores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen. El 20 de setiembre del 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debe abarcar toda la finca y se extendería por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y comunidades de la zona. Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal Civil de Tartagal Vélez Román requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue consentida por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal a cargo de la jueza Viviana Yance, intimándolos a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Contra ello, los señores Karlen interpusieron una nulidad que primero fue rechazada por el Juzgado y recientemente hizo lo propio la Sala Segunda, con voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El segundo caso corresponde a un acuerdo logrado por la fiscalía Civil de Orán con las empresas Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L. (Ingenio Tabacal), Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A. por un conflicto derivado de la construcción de un terraplén que atraviesa de lado a lado el Río Blanco. Este montículo está destinado al cruce de las aguas captadas del Rio Pescado y fue históricamente autorizado por concesiones a perpetuidad correspondientes a la captación de agua destinada al riego de sus plantaciones agrícolas como caña de azúcar y otras dadas por la Secretaría de Recursos Hídricos. En el fallo de la jueza María Isabel Romero Lorenzo y el juez José Gerardo Ruiz, se evaluó esencialmente la fijación de un caudal ecológico para cada río, tratando de evitar que las obras no interrumpan y supriman su cauce, con informes de auditoría presentados tanto por la consultora ambiental “Pacha” de las empresas, el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Área de Ambiente del D.T.C./C.I.F. El fallo de primera instancia de la jueza Civil de Orán, María Eugenia Fernández de Ulivarri, fijó como meta interina un caudal ecológico mínimo permanente y precautorio, sin sistemas de devolución, para el Río Blanco y para el rio Pescado, lo cual la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial dejó firme.
