Yrigoyen, Morillo y Ballivián: Abandono del gobierno a los centros que asisten a personas con consumos problemáticos (adicciones)
El consumo problemático, de sustancias, alcohol, ludopatía y hasta los intentos de suicidio, no se toman licencia por la pandemia que nos afecta. Sin embargo, el estado provincial y los municipios parecen desconocer la gravedad de esta situación.
El año pasado a través de convenios entre organizaciones sociales, gobierno provincial y municipios se pusieron en marcha los Centros Socio Sanitarios para el periodo 2019. Los mismos terminaron en diciembre y desde entonces el gobierno provincial no definió que hará con estos lugares que se encargan de contener a personas con consumos problemáticos y conflictos sociales que requieren de personal capacitado.
Estos temas deberían ser abordados por el Ministerio de Salud, por medio de las áreas de adicciones y salud mental, pero el año pasado estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social por medio de fundaciones, una forma que encontró el estado de precarizar a los trabajadores.
Si bien, hoy la excusa es la pandemia del coronavirus, la situación ya lleva práctimente seis meses sin que se puedan definir políticas oficiales al respecto.
En Morillo se está avanzando en un proyecto integral entre la Fundación Acercar y el Gobierno de la provincia. Hace algunas semanas se hicieron presente autoridades provinciales para reunirse con los trabajadores del lugar.
Pero la situación más delicada se da en Hipolito Yrigoyen y General Ballivián donde se solicitó a los municipios evaluar la viabilidad de proyectos pero hasta el momento no avanzaron en una solución.
En el caso del Centro Socio Sanitario de Yrigoyen, era manejado por la Fundación Comunidad Organizada (FUCO) que recibió por mes entre febrero y diciembre de 2019, $ 976.800 para abonar al personal. Los pagos a la Fundación Fuco desde abril 2019 a enero 2020 de manera mensual cnsigna la respuesta oficial que recibió NORTE YA, pero la fundación a cargo de la diputada oranense, Patricia Hucena, recien abonó los últimos cuatro meses de trabajo en el mes de mayo de 2020, una vez que se hizo pública la situación.
Los sueldos de los profesionales, entre ellos psicologa, asistente social, psicopedagoga, enfermeros y administrativo rondaba entre 8 y 14.400 mil pesos. De los cerca de 60 mil pesos de sueldo mensuales, la fundación FUCO recibía $88.800.
Sin embargo los municipios manifiestan no tener recursos, la provincia espera acuerdos con terceros y las personas con problemas ven pasar la inoperancia, desidia y burocracia.
Algunos legisladores provinciales presentaron proyectos de declaración y en algunos casos intentaron algunas reuniones, pero los celos políticos y, otra vez la burocracia, dejaron esas acciones en solo buenas intenciones.
Nuestro medio intento dialogar con la Ministra de Desarrollo Social, pero no respondió las consultas. El municipio de Yrigoyen tampoco respondió a la requisitoria sobre el tema, mientras que este lunes el gobernador Gustavo Sáenz fue puesto en conocimiento de la problemática en un diálogo que mantuvo con la radio capitalina CNN Salta. Quedó en interiorizarse sobre la cuestión.
