Así operaba la red de drogas dentro del penal de Güemes con conexión en Orán

Una investigación iniciada tras la fuga de un preso y el hallazgo masivo de celulares y droga en el Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes culminó con la imputación de ocho internos y una mujer, acusados de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes a gran escala desde dentro del penal. La causa está a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba, junto a las auxiliares Roxana Gual, Soledad Cabezas y la fiscal adjunta Mariana Gamba Cremaschi.
Los imputados son:
- Rubén Ángel Rodríguez, alias El Patrón (presunto líder de la organización)
- Eusebio Juan Antonio Bilaja
- César Eduardo Acosta
- Marcelo Javier Fragapane
- Ezequiel Maximiliano Toledo
- Rodrigo Alejandro Villareal
- Miguel Hernán Olmos
- Franco Emanuel Chaile
- Analía Ivana Astigueta, pareja de Rodríguez, quien actuaba desde Orán.
Durante la audiencia de formalización, celebrada ante la jueza federal de Garantías N.°2, Mariela Giménez, se dispuso la prisión preventiva de todos los imputados y su traslado a otras unidades penitenciarias, ante el riesgo de entorpecimiento de la causa.
También se ordenó el congelamiento de cuentas bancarias, el levantamiento del secreto bancario y nuevas pericias sobre cientos de celulares incautados.
La jueza consideró el caso de “mucha gravedad” y coincidió con el planteo del Ministerio Público Fiscal sobre la posible complicidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La auxiliar fiscal Roxana Gual fue contundente en la audiencia: “Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal.”
El caso se originó tras la fuga del narcotraficante Cristián Ruiz Díaz el 1 de enero de 2024, quien escapó del penal cortando los alambrados con un alicate y desapareció con apoyo externo. Desde entonces, se secuestraron más de 250 teléfonos celulares y crecieron las sospechas sobre una estructura narco interna.
El allanamiento central del 10 de junio fue realizado por 300 efectivos de Gendarmería Nacional, con apoyo de drones que captaron a internos descartando celulares y envoltorios de droga por las ventanas al iniciarse la requisa. También se detectó una nube de polvo blanco, presumiblemente cocaína, lanzada desde las celdas de los pabellones A y B.
Durante ese procedimiento se secuestraron:
- 13 tabletas de pastillas
- 8 celulares adicionales
- Envoltorios con restos de droga escondidos en celdas, la capilla y otros sectores comunes.
En simultáneo se allanó la casa de Astigueta en Orán, donde se incautaron:5 celulares, 2 notebooks, un rifle, una moto, 15 chips, balanzas, anotaciones del negocio narco y un auto usado para llevar la droga al penal.
La fiscalía presentó escuchas telefónicas donde Rodríguez da órdenes desde su celda:“Decile a Garrafa (por Bilaja) que lo prepare bien.”
NORTE YA accedió a un video donde se observa a los internos fraccionando droga y burlándose. “¿Van a hacer la denuncia?”, se reían, mientras festejaban la cantidad de paquetes de “blanca” (cocaína) y “amarilla” (pasta base).
En otras escuchas, se oyeron frases como:“Miren lo que tengo, te hago una promo”, dijo Rodríguez, en referencia a la droga. “El fin de semana fue un éxito”, celebró Acosta tras concretar varias ventas.
Los pagos, según los investigadores, se realizaban por transferencias a la cuenta de Astigueta, por montos de $100.000 a $200.000. Cada envoltorio se vendía a $10.000 dentro del penal.
Antecedentes penales de los acusados:
- Rodríguez: condenado en 2022 a 8 años por narcotráfico agravado.
- Bilaja: 6 años y 6 meses, con prisión domiciliaria (por salud).
- Acosta: causa pendiente por drogas.
- Fragapane: condenado a 7 años y 7 meses en enero 2025.
- Toledo: 10 años por secuestro extorsivo (2023).
- Villareal: 3 años por robo y hurto (marzo 2024).
- Olmos: 4 años y medio por tenencia con fines de comercialización (Tucumán).
- Chaile: 3 años por transporte de estupefacientes (2023).
La fiscalía solicitó que Rodríguez sea incorporado al Sistema de Gestión de Alto Riesgo, por su rol como líder. La investigación continúa para determinar el nivel de participación de personal del SPF, cuya complicidad se considera fundamental para que este sistema delictivo haya funcionado durante tanto tiempo.