Condenaron a dirigentes de Central Norte de Embarcación que estafaban a beneficiarios de planes sociales. Ninguno ira a prisión

El Ministerio Público Fiscal de la Nación logró un fallo inédito en Salta en materia de fraude con planes sociales, que incluyó condenas, la asignación de tareas comunitarias y el cumplimiento de donaciones por parte de cuatro dirigentes deportivos del Club Atlético Central Norte, de la localidad de Embarcación.

Estas medidas surgen del acuerdo presentado por las partes, a raíz del cual el juez federal de Revisión, Guillermo Elías, dictó sentencia condenatoria en la audiencia de control de acusación seguida contra Jorge Moya, Moira Pabloff, Jesús Tarqui y Edith Romero, quienes integran la comisión directiva del club ubicado en el norte de la provincia.

En dicho acuerdo, el fiscal Villalba y la querella, a cargo de la abogada Verónica Viera, en representación de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establecieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Moya y Pabloff por el delito de fraude a la administración pública. Para Tarqui, en tanto, se dispuso una pena de dos años de prisión condicional por el mismo delito. En materia de reglas de conducta, y a pedido de la querella, se determinó que los tres acusados donarán mensualmente por dos años, dos tarros de leche en polvo de 800 gramos por cada uno de ellos (cualquiera sea su marca) a la Asociación Civil Franciscana «Pata Pila», con sede en Tartagal.

En cuanto a Romero, también imputada por ese tipo penal, se acordó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, lapso en el que además de mantener un buen comportamiento deberá realizar tareas comunitarias en la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, donde prestará colaboración en tareas de cocina, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana.

A Moya, Pabloff y Tarqui, presidente, tesorera y secretario del club, respectivamente, el fiscal le atribuyó haberse organizado para gestionar beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional, en particular el Salario Social Complementario, destinado a habitantes de Embarcación y parajes de la zona. Resaltó que este beneficio se trata de una ayuda que trae como condición que los beneficiarios hagan una contraprestación comunitaria, lo que no sucedía en el caso, pues eran obligados a brindar tal aporte en beneficio exclusivo de los acusados.

La fiscalía le atribuyó a la dirigencia haberse organizado para gestionar en provecho propio beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional

En cuanto a la maniobra, el fiscal indicó que «la gran fortaleza» que tenía esta organización era el «padrón» con el que contaban, que definió como una especie de base de datos de numerosas personas pertenecientes a la localidad de Embarcación y zonas aledañas, información que obtuvieron de otros grupos sociales de la región. Con estos datos, los acusados iniciaban la gestión de los beneficios e incluso los utilizaban para cancelarlos, cuando los beneficiarios se negaban a cumplir con la contraprestación exigida.

«Los trámites realizados por los acusados, sin embargo, no lo hacían por ningún acto de filantropía, sino para sacar provecho propio, pues a cambio de la obtención de tales beneficios exigían determinadas sumas de dinero, siendo utilizado el Club Atlético Central Norte como pantalla de una maquinaria fraudulenta, de la cual se valieron para un beneficio patrimonial», explicó el fiscal.

Esto, agregó, se lograba a partir del dinero que las víctimas eran obligadas a pagar una vez que se acreditaba el pago del beneficio, monto del cual debían entregaron a los acusados la mitad de lo cobrado o, en algunos casos, la totalidad. Este aporte era disfrazado como un aporte en concepto de «cuota social», por una suma de 750 pesos. En otros casos, debían realizar trabajos para el club: desde la limpieza, cocina y hasta en la faz periodística, como el caso de una víctima que debía mencionar o hablar bien de los dirigentes en una radio.

Mediante este modus operandi, Moya y compañía contrataron jugadores de fútbol, quienes jugaban en compensación del beneficio tramitado a su favor, por ejemplo. Los que no cumplían con los pagos era castigados con el bloqueo de las tarjetas de cobro, o bien, debían pagar multas que consistían en descuentos del beneficio recibido, a veces por completo.

Los afectados, según señaló el fiscal, estaban prácticamente sin salida, pues el comisario de dicha localidad, a quien habían acudido con denuncias por el fraude del que eran víctima, recibía cortes de pelo gratis de una beneficiaria, tarea acordada por los acusados. La fiscalía penal tampoco dio curso a las denuncias, con lo cual las personas que necesitaban realmente de esta ayuda social, no tenían a quien acudir, pues la policía, la fiscalía ni tampoco las autoridades del banco habrían hecho nada por ellos.

Las víctimas debían entregar a los acusados la mitad de lo cobrado y, en algunos casos, la totalidad.

Producto de la investigación, en una primera etapa coordinada con el equipo de trabajo de la fiscal Mángano, y posteriormente ya concentrada solamente por la tarea de la Unidad Fiscal Salta, se pudieron establecer 18 hechos, en los cuales los acusados «sustituyeron al Estado y direccionaron los planes sociales en su beneficio y del Club Atlético Central Norte».