Contrabando de granos: Confirman la prisión preventiva del comandante de Aguaray y dos gendarmes

A una semana de ser detenido e imputado, la defensa del comandante Marciano Alberto Páez, intentó sin éxito revocar la prisión preventiva dictada por el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, medida que fue confirmada por el Tribunal de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Páez se encuentra detenido junto al alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, todos del escuadrón de Aguaray, acusados de cometer el delito de tentativa de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público.

En la primera audiencia, en la que se formalizó la acusación penal, el fiscal general Eduardo José Villalba efectuó la imputación, tanto contra los tres gendarmes como así también hacia el propietario de una finca colindante con Bolivia, ubicada en Campo Durán.
Villalba, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, explicaron al juez Montoya las maniobras desplegadas por los cuatro acusados, consistentes en el cobro de un peaje a los transportistas de granos que llegaban a la zona y buscaban pasar a Bolivia, sin contar con la documentación en regla. Pese a la consulta de NORTE YA, no se brindó aún el nombre del empresario que pagaba las coimas.

Indicó los roles de los mismos, en los cuales el finquero era el primer nexo con los camioneros, quienes luego de pagar sumas que oscilaban entre los 150 y 200 mil pesos, avanzaban hacia la frontera con la cobertura especial que les brindaban Páez y sus subalternos, quienes liberaban la zona para el paso ilegal de los transportistas.

Con un gran cúmulo de pruebas, entre las cuales se reunieron numerosas conversaciones en la cual los acusados se referían a los montos que embolsaban en carácter de coimas, la fiscalía avanzó no solo con la imputación, sino también solicitó la prisión preventiva.

Para ello, expuso ante el juez Montoya la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y la posibilidad latente de que los acusados entorpezcan la investigación, ya sea a través de maniobras de amedrentamiento a testigos, siendo varios de ellos otros subalternos.

También indicó que, en varias medidas investigativas ordenadas por distintas fiscalías en torno al contrabando de granos en la zona, los acusados solían poner sobre aviso a los investigados, con lo cual echaban por tierra las pesquisas.

Al resolver, el juez Montoya coincidió con la fiscalía respecto a la grave acusación, pues en el caso de los tres gendarmes acusados, la sociedad esperaba otro tipo de comportamiento. Lejos de ello, ratificó que los acusados no sólo causaron un grave perjuicio al erario público sino a la confianza del ciudadano hacia el Estado.

Rechazó de plano las justificaciones de arraigo expuestas por sus defensas para evitar la prisión, argumentos que el magistrado interpretó inconsistentes, pues los imputados residen prácticamente a pasos del vecino país, por lo que el riesgo de fuga es aún mayor.