El actividad ilegal de la frontera deja al comercio del norte en una delicada situación
“Desde las Cámaras del Norte, junto con los sindicatos de empleados de comercio, expresamos nuestra profunda preocupación por la delicada situación que enfrentan los comercios de los departamentos Orán y San Martín. Diversos rubros, como zapaterías, indumentaria, tecnología, electrodomésticos y alimentos, se encuentran gravemente afectados por prácticas ilegales de contrabando que generan un impacto devastador en la economía local.
Queremos enfatizar el contrabando al por mayor, una práctica alarmante que involucra el ingreso de camiones cargados con mercadería de manera irregular. En muchos casos, estas operaciones se realizan con la presunta connivencia o “vista gorda” de ciertos organismos de control, lo que agrava aún más la magnitud del problema. Este contrabando masivo no solo afecta la sostenibilidad de los comercios legales, sino que también pone en riesgo cientos de puestos de trabajo de calidad generados por las pequeñas y medianas empresas que operan dentro del marco legal.
A esta problemática se suma el contrabando hormiga, promovido por los denominados «tours de compras». A través de esta modalidad, productos ingresados sin controles de calidad ni el pago de impuestos son comercializados en ferias y redes sociales. Estas prácticas desleales afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas locales, generando un ambiente hostil para quienes tributan, cumplen con las normativas y apuestan al desarrollo económico de sus comunidades.
Queremos dejar en claro que no estamos en contra del derecho a trabajar ni de la libertad de cada persona a decidir en qué gastar su dinero. Sin embargo, sí estamos en contra de la competencia desleal, donde los comercios legales enfrentan altas cargas impositivas, controles estrictos y costos operativos, mientras otros sectores actúan al margen de la ley, sin cumplir con ninguna regla. Esta desigualdad perjudica gravemente a quienes trabajan formalmente y sostienen la economía regional, además de afectar la recaudación del Estado.
La informalidad derivada de estas prácticas no solo perjudica a los comerciantes y a los empleos que generan, sino también al desarrollo regional y al bienestar general. Al reducir la recaudación de impuestos y tasas, el Estado pierde recursos esenciales que podrían destinarse a servicios básicos como salud y educación, afectando directamente la calidad de vida de la población.
Ante esta situación crítica, hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, provinciales y nacionales para que actúen con firmeza, combatiendo estas prácticas ilícitas y protegiendo el esfuerzo de los comerciantes que día a día trabajan para sostener la economía de sus comunidades y mantener miles de empleos genuinos que dependen de sus actividades”.
