Finca Karina: La “aduana paralela” que facturaba $3.000 millones al año y terminó con su expropietario preso
El empresario y comerciante Alfredo Salazar quedó detenido y con prisión preventiva por orden del juez federal de Orán, Gustavo Montoya, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y delitos vinculados al contrabando en la frontera entre Argentina y Bolivia. Salazar había sido capturado el pasado 12 de agosto en Tarija, donde se encontraba oculto y sobre quien pesaba una orden de captura internacional. Posteriormente fue expulsado de Bolivia y entregado a la Policía argentina en el Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo.
El caso vuelve a poner en el centro de la escena a Finca Karina, un predio ubicado en territorio argentino que durante años funcionó como una verdadera aduana paralela entre Aguas Blancas y Bermejo. Por el lugar circulaban diariamente cientos de vehículos y grandes cantidades de mercadería que ingresaban y salían del país por fuera de los controles oficiales. La magnitud del movimiento era tal que, de acuerdo con los cálculos incorporados a la investigación, la estructura podía generar una recaudación cercana a los 3.000 millones de pesos por año.
La ubicación del predio era estratégica. Finca Karina tenía conexión con la Ruta Nacional 50 y, mediante caminos rurales, permitía llegar hasta la margen argentina del río Bermejo. Desde allí cruzaban gomones con bultos provenientes de Bolivia, que posteriormente eran retirados por vehículos que ingresaban a la finca. Según los datos expuestos durante el proceso judicial, podían llegar a ingresar unos 300 vehículos por día, con un promedio de diez bultos de mercadería por unidad.
Pero el funcionamiento de Finca Karina no era desconocido ni se trata de una actividad descubierta recientemente por la Justicia. Durante años hubo operativos, denuncias, registros audiovisuales y publicaciones periodísticas que mostraron lo que ocurría en el lugar. NORTE YA también había advertido públicamente en reiteradas oportunidades sobre el movimiento de mercadería y vehículos en este sector de la frontera.
Incluso se registraron situaciones en las que colectivos de la empresa San Antonio, que realizan el recorrido entre Orán y Aguas Blancas, fueron vistos cargando bultos en el predio. El lugar también quedó vinculado a investigaciones por el traslado de vehículos robados, chatarra, materiales de construcción, sanitarios y otros productos. Dentro de las áreas consideradas críticas por el Plan Güemes, además, este sector fue señalado por las autoridades por su utilización para distintas actividades ilícitas.
En este contexto aparece la principal controversia alrededor de la situación de Salazar. Su abogado defensor, Abraham Álvarez, sostuvo en diálogo con NORTE YA que su representado “nunca tuvo participación directa en el contrabando de Finca Karina” y aseguró que había vendido el inmueble a su hermana por 20 millones de pesos en 2024. También explicó que el predio había sido alquilado a un hombre conocido como “Pelao” Suárez y que Salazar no figuraba en ese contrato.
La defensa sostiene, además, que Salazar tenía como objetivo utilizar el lugar para alojar a personas que llegaban a comprar a la frontera, aunque ese proyecto finalmente no se concretó. Sin embargo, esa explicación abre un interrogante que ahora deberá responder la Justicia: ¿cómo podía desconocer lo que ocurría en Finca Karina alguien que era propietario del predio y que, además, residía en Bermejo?
La actividad que se desarrollaba allí era conocida en toda la región y había sido denunciada públicamente durante años. No se trataba de una operación clandestina de escasa magnitud, sino de un movimiento fronterizo visible, con cientos de vehículos, gomones y grandes cantidades de mercadería. Por eso, el argumento de que el propietario desconocía lo que ocurría en el lugar aparece como uno de los puntos que deberá ser analizado por la Justicia dentro de la investigación.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar qué grado de responsabilidad tuvo Salazar y qué elementos existen para sostener la imputación. La prisión preventiva no implica una condena, pero sí marca que el juez consideró que existen elementos suficientes y riesgos procesales para mantenerlo detenido mientras avanza la causa.
Para el abogado y exjuez federal Abel Cornejo, el procedimiento representa un golpe contra una estructura de contrabando que operaba en el norte provincial. En diálogo con NORTE YA, sostuvo que “se descabeza una banda de contrabando del norte de nuestra provincia” y reclamó la necesidad de avanzar en un “pacto federal” que permita fortalecer la lucha contra este delito en las zonas fronterizas.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa una pregunta que excede a Salazar: ¿cómo pudo funcionar durante tantos años una aduana paralela de semejante magnitud sin que las fuerzas de seguridad y los organismos de control lograran desarticularla? Finca Karina fue denunciada, filmada y señalada durante años. Mientras la Justicia ahora intenta determinar quiénes fueron responsables, queda pendiente explicar por qué una estructura que era conocida en toda la frontera pudo funcionar durante tanto tiempo.
