106 kilos de cocaína salieron del norte salteño y fueron secuestrados en Jujuy
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La Justicia Federal de Jujuy avanzó en una investigación por el transporte de 106 kilos de cocaína que tuvo a Orán y Pichanal como puntos centrales del recorrido. Cuatro hombres fueron imputados, tres de ellos empleados de una empresa de transporte de cargas de San Pedro de Jujuy y el restante, familiar del propietario de la firma.
La causa se inició el 14 de noviembre de 2025, cuando la Policía jujeña interceptó una camioneta Toyota Hilux en el puesto de control Río Piedras, sobre la ruta nacional 34, a la altura de Yuto. En el asiento trasero del vehículo encontraron tres bolsas que contenían 102 paquetes de cocaína, con un peso total de 106 kilos. Sus dos ocupantes, identificados como M.P. y N.J.M., fueron detenidos e imputados por transporte de estupefacientes.
A partir de los teléfonos secuestrados y las declaraciones de dos testigos de identidad reservada, la Fiscalía logró reconstruir la maniobra que comenzó en el norte salteño.
Según la investigación, H.C.R., familiar del propietario de la empresa, viajó a Orán acompañado por otro empleado, cruzó hacia Bolivia y posteriormente coordinó el traslado de la cocaína en un camión de la firma hasta Pichanal.
En esa localidad, el cargamento fue transferido a una camioneta que continuó viaje hacia Jujuy, donde finalmente fue interceptada por la Policía provincial.
Los peritajes de los celulares permitieron corroborar los testimonios. Los investigadores encontraron conversaciones relacionadas con el traslado y registros de actividad de los teléfonos de los cuatro imputados en Pichanal y durante el recorrido hasta el lugar del secuestro. 
Con las pruebas reunidas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó el 5 de septiembre nuevos allanamientos en Jujuy y Buenos Aires, que terminaron con las detenciones de H.C.R. y L.A.D., este último empleado de la empresa investigada.
Durante los procedimientos en la firma se secuestraron dinero en efectivo, armas largas de distintos calibres y municiones. La Justicia abrió otra investigación para determinar si las armas estaban debidamente registradas.
El 8 de septiembre, la jueza federal Carina Gregoraschuck formalizó la imputación de los dos nuevos detenidos por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva, la magistrada les concedió arresto domiciliario y estableció un plazo de investigación de 70 días hábiles.
