Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para una banda narco integrada por gendarmes

El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta durante 2024.

La fiscalía requirió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado) Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y para Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos.

Para otro exgendarme exonerado, Adrián Emilio Escarlata, declarado responsable del mismo delito en uno de los episodios, pidió una condena de 13 años de prisión.

Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal cuantificó la pena en 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público. Sin embargo, en virtud del acuerdo de colaboración celebrado con el imputado, solicitó la reducción prevista por la ley y fijó el pedido de condena en 9 años y 6 meses de prisión.

Por otra parte, para Federico Rubén Batista (también integrante de Gendarmería Nacional) y Francisco Agustín Flores (aspirante a la fuerza federal), considerados partícipes secundarios, requirió 3 años de prisión de ejecución condicional.

La fiscalía solicitó además el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de la ciudad de Orán, atribuida a Ruiz Apaza y señalada como el centro de operaciones de la organización. También pidió el decomiso de dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux utilizadas para el transporte de la droga y como “coche puntero” en las operaciones de tráfico ejecutadas por la organización.

El tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves. El debate se inició el 19 de diciembre del 2025 y es uno de los más complejos de la jurisdicción, tanto en materia de responsabilidad penal como respecto a la determinación de la pena, etapa que ya lleva más de un mes de litigio.

Los hechos investigados
El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro. En esa oportunidad, el cabo primero Delgado fue detenido cuando transportaba 303 kilos de cocaína en una camioneta Toyota Hilux, procedente de Orán y con destino a Buenos Aires.

Según la acusación, la camioneta había sido aportada por Ostapowicz en Posadas, Misiones, mientras que Richar Delgado financió el operativo. El cabo Batista fue el encargado de buscar el rodado y llevarlo a Buenos Aires, para que Delgado viaje luego a Orán a buscar el estupefaciente.

El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue interceptado el exgendarme Escarlata, quien trasladaba junto a su pareja 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.

La investigación determinó que Ruiz Apaza había provisto el estupefaciente y que, junto con Flores, realizó tareas de acompañamiento y vigilancia durante parte del recorrido en otro vehículo que actuó como “coche puntero”.

El fiscal remarcó la importancia de los mensajes extraídos de teléfonos celulares, los análisis de geolocalización, los registros de cámaras de seguridad y la información obtenida a través de acuerdos de colaboración.

Al describir el funcionamiento de la organización, la fiscalía sostuvo que existía una estructura estable, con una división clara de funciones y una conducción ejercida por Ruiz Apaza, Richar Delgado y Ostapowicz.

Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones. Los integrantes de la organización coordinaban sus actividades mediante un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde intercambiaban instrucciones de cómo ocultar la droga en los vehículos, organizaban viajes y distribuían ganancias.

En el grupo de WhatsApp, los acusados hacían referencia a la actividad ilícita como una “empresa” y resaltaban la necesidad de cumplir determinados viajes como muestra de compromiso con la organización.

En algunos de los mensajes exhibidos en el juicio por la fiscalía, sus miembros dijeron frases como: “Todo sea por el futuro de la asociación”; “Sí, che, eso va ser para la empresa, así que ahí está encaminado ese tema”; “Mirá cómo invierto en ‘la empresa’ para ustedes estén cómodos”; y “Vamos que la empresa tiene que ir pum para arriba”.

El grupo “Los Peluches” fue implementado por Richar Delgado, quien asignó apodos a cada uno. “Tabla de jugadores a jugar: Pulga; Cocodrilo; Osa; Osito; Pichón y Riki. En ese orden se jugaría… las fechas pueden llegar a cambiar si es que solo hay problemas en la cancha o el equipo contrario no junta sus jugadores”. (“Pulga” era Ostapowicz; “Pinky”, Ruiz Apaza; “Coco”, Escarlata y “Fiero2”, Richar Delgado; mientras que Batista y Flores se hallaban en una escala más baja y no integraban el grupo).

Toranzos recordó un hallazgo realizado en la vivienda de Ruiz Apaza, señalada como el centro de mando de la organización. Allí se secuestró una caricatura enmarcada de gran tamaño en la que los acusados se personifican en una mesa de juego (póker, dados y ruleta), con Ruiz Apaza en el centro, con una cadena de oro con el signo “$”, armas de todo calibre, una manopla y referencias a personajes emblemáticas del narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán.